Corea del Sur está al borde de una crisis institucional sin precedentes mientras el ex presidente suspendido Yoon Suk Yeol enfrenta un juicio político y una orden de arresto por cargos de insurrección y abuso de poder. Desde su residencia fortificada en Seúl, Yoon permanece protegido por su equipo de seguridad presidencial y cientos de seguidores mientras aumentan las tensiones políticas y sociales en todo el país.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley marcial, lo que provocó una ola de indignación pública y marcó el comienzo de su caída política. La Asamblea Nacional votó a favor de su destitución después de que incluso miembros de su propio partido gobernante lo abandonaran. Ahora el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene la tarea de decidir si se debe confirmar la renuncia o si se debe reinstalar.
«Lucharé hasta el final», afirmó Yoon en un mensaje de su abogado, destacando que la declaración de la ley marcial fue legítima y que los intentos de arrestarlo son «ilegales e inválidos».
Debido a preocupaciones de seguridad, Yoon ha indicado que no tiene previsto asistir a la primera audiencia formal de su juicio político, prevista para el martes. Esta decisión ha generado críticas tanto de sus oponentes políticos como de los investigadores que buscan ejecutar la orden de arresto en su contra.
El conflicto en torno a su residencia fortificada
Desde que fue suspendido del poder presidencial, Yoon se ha refugiado en su residencia de Seúl, donde su Equipo de Seguridad Presidencial (PSS) ha reforzado las medidas de protección con alambre de púas, vehículos bloqueando las entradas y un «muro humano» formado por miembros de seguridad y simpatizantes.
El intento más reciente de arrestarlo tuvo lugar a principios de enero, cuando investigadores anticorrupción intentaron ingresar a la casa, lo que provocó un enfrentamiento de varias horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes encargados de ejecutar la orden. El operativo fue cancelado por temor a la seguridad de los involucrados, pero la orden de arresto sigue vigente y se espera otro intento en los próximos días.
«Es prácticamente imposible ejecutar una orden judicial en la residencia de Yoon mientras el equipo de seguridad continúe protegiéndolo», dijo la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO).
El CIO ha solicitado la cooperación del Ministerio de Defensa y del equipo de seguridad presidencial para garantizar que los soldados desplegados en la residencia no obstaculicen los esfuerzos para arrestar a Yoon. Además, advirtió que cualquier intromisión podría dar lugar a sanciones penales.
Las acusaciones contra Yoon y las investigaciones en curso
Yoon se enfrenta a múltiples investigaciones penales, incluida una por insurrección, un delito castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque suspendido de su cargo, Yoon conserva inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos, excepto aquellos relacionados con traición o insurrección.
Además de las acusaciones contra Yoon, la investigación también se ha ampliado para incluir a figuras clave involucradas en la declaración de la ley marcial, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Sin embargo, Yoon se ha negado a cooperar con las citaciones de los fiscales, intensificando el conflicto entre las autoridades y su equipo de defensa.
El papel crucial del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que debe decidir si confirma el voto de destitución de la Asamblea Nacional o restituye al ex presidente. El tribunal ha programado cinco audiencias que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no se presenta a la primera audiencia, prevista para el próximo martes, el juicio continuará sin su presencia.
El tribunal tiene hasta 180 días para pronunciarse, pero ha prometido dar prioridad al caso debido a su relevancia para la estabilidad política del país. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo adicional: el tribunal de nueve miembros tiene actualmente sólo ocho jueces debido a las vacantes abiertas, lo que podría complicar la toma de decisiones. Según la Constitución de Corea del Sur, al menos seis jueces deben aprobar el despido para que sea válido.
Si el tribunal confirma el impeachment, Yoon se convertirá en el presidente con menos tiempo en el cargo en la historia democrática de Corea del Sur y el país tendrá que celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Protestas y división en la sociedad coreana
El caso de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana, con manifestantes tanto a favor como en contra del expresidente saliendo a las calles a pesar de las bajas temperaturas invernales. Sus partidarios, muchos de ellos conservadores, han formado una valla alrededor de su ciudad natal, mientras que sus oponentes exigen su arresto inmediato y su rendición de cuentas por los abusos de poder que cometió durante su mandato.
Las tensiones también han aumentado a nivel político. La dimisión de Yoon provocó la salida del primer ministro Han Duck-soo, quien también fue destituido de su cargo por el parlamento. Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, ejerce como presidente mientras el país espera el fallo del Tribunal Constitucional.
Un futuro incierto para Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política en Corea del Sur no sólo ha puesto bajo control el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también la estabilidad institucional del país. Mientras continúan el juicio político y la investigación penal, el resultado sigue siendo incierto, con múltiples factores legales, políticos y sociales en juego.
El caso de Yoon pone de relieve la complejidad de tratar con líderes en ejercicio acusados de delitos graves y pone de relieve las tensiones inherentes a un sistema democrático que intenta equilibrar la justicia con la estabilidad política. Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar, Corea del Sur enfrenta la posibilidad de un cambio significativo en su liderazgo y un nuevo capítulo en su historia democrática.