Esta semana, el gobierno iniciará el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Las actividades incluyen las reuniones el lunes de la Comisión Nacional de Gobiernos Locales (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). ). y la aprobación por parte del Consejo de Ministros del marco macroeconómico y posiblemente del “techo del gas” el próximo martes.
Durante las reuniones con las autoridades municipales de la CNAL y con los asesores regionales del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicará los objetivos de déficit y los recursos destinados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el marco macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno revisará al alza el jueves la previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta 2025. Aunque aún no se han publicado las cifras exactas, Cuerpo confirmó que la revisión de 2024 aumentará el crecimiento del PIB desde el 2% actual hasta alrededor del 2,5%, mientras que para 2025 la previsión es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento del 2,4% este año y del 2,1% el próximo, y la Comisión Europea espera un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha iniciado negociaciones para asegurar los PGE de 2025, buscando el apoyo de varios partidos mediante la ‘geometría variable’, una estrategia utilizada en el pasado para aprobar diferentes regulaciones.
Fuentes del Ejecutivo compartieron con Servimedia detalles de los nuevos presupuestos, destacando la “respuesta de emergencia” anunciada por el Ministerio de Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín del Gobierno (BOE), obliga a los ministros a determinar sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, especialmente en Cataluña, donde las elecciones del 12 de mayo dieron la victoria al socialista Salvador Illa, pero aún no hay candidato a la investidura ni acuerdos para su jubilación. Fuentes del Ejecutivo afirman que las negociaciones se han estancado, aunque no se han revertido.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, la administración incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso de anular el veto del Senado sobre los objetivos de déficit, lo que significa que sólo pueden ser aprobados por el Congreso. Esta medida ha dado lugar a un debate jurídico tras su presentación por parte del PP en el Congreso. Con todo ello, el objetivo de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.
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