Desde el 2 de agosto España implementará la Directiva Europea de Conciliación, que estipula un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Pero su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo empleado tenga derecho a al menos cuatro meses de permiso parental hasta que el hijo cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y sujetos a sanciones si no se cumplen. El gobierno todavía tiene un margen adicional para adaptarse a estos requisitos hasta agosto.
Este derecho ya está reconocido en el Derecho de familia, pero aún no se ha definido cómo y cuándo se financiará, por lo que se cumplen plenamente los requisitos de la directiva. Funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que no renunciarán a cuatro semanas de salario, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumaro, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de permiso retribuido: 14 por nacimiento y 8 por permiso parental hasta que el niño cumpla 8 años. España ofrece actualmente 19 semanas, divididas en 16 semanas para el parto y 3 semanas adicionales para la lactancia.
El PSOE propone ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno unos 250 millones. euros por semana pagada. Además, si las normas no se transponen a tiempo, la multa puede alcanzar los 53.600 euros diarios.
Existen muchas dudas e incertidumbres tanto para los empleados como para los empleadores sobre cómo se financiarán estas asignaciones. Según la especialista en derecho laboral Catarina Capeáns, aunque la ley reconoce el derecho, no especifica cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos pases y su coste.
La asesora laboral Mamen Sánchez también señala que la incertidumbre sobre cómo se implementarán estos permisos ha creado incertidumbre para muchas empresas. La responsabilidad del pago es del Estado, pero para que sea viable es necesario mejorar la regulación, con miras a 2025. cumplir plenamente con la directiva.
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