Desde el comienzo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania, tanto las viviendas como las industrias han perdido más de 450 millones de euros debido a los obstáculos para cobrar por los excedentes de energía producidos por sus instalaciones fotovoltaicas. Esta situación ha provocado el desperdicio de 2.094 gigavatios hora (GWh) en el último año, lo que representa cerca del 1% de la demanda eléctrica del país.
La repercusión del derroche de energía
El impacto del desperdicio energético
El informe anual del sector renovable señala que, aunque en términos de volumen la cantidad de energía no utilizada ha aumentado respecto al año anterior (1.642 GWh en 2023), el impacto económico ha sido menor debido a la reducción de los precios eléctricos. En 2023, la energía desperdiciada equivalía a 131 millones de euros, mientras que en 2024, debido a la caída de precios, la cifra descendió a 88 millones.
Los motivos del inconveniente
Uno de los aspectos críticos en este desperdicio de energía es la pesada carga burocrática requerida para legalizar instalaciones de autoconsumo de determinada magnitud. Asimismo, las empresas distribuidoras de electricidad no siempre gestionan con la rapidez necesaria los permisos para inyectar excedentes en la red. Esto impacta especialmente a empresas y hogares que han optado por la energía solar como una alternativa sostenible y eficaz.
El sector de energías renovables ha señalado en repetidas ocasiones que ni el gobierno ni los organismos reguladores han implementado acciones concretas para simplificar este proceso. La insuficiencia de capacidad en las redes, así como las restricciones técnicas y normativas, han impedido que se establezca un sistema eficiente para compensar los excedentes producidos por el autoconsumo.
Desde el sector renovable, se ha denunciado en reiteradas ocasiones que ni el gobierno ni los organismos reguladores han tomado medidas concretas para facilitar este proceso. La falta de capacidad en las redes, junto con limitaciones técnicas y regulatorias, ha impedido que se establezca un marco ágil para la compensación de los excedentes generados por el autoconsumo.
El ritmo de instalación de nuevas plantas fotovoltaicas para autoconsumo ha disminuido en los últimos dos años. Durante 2021 y 2022, el incremento del autoconsumo fue motivado por el elevado coste de la electricidad, lo que resultó en la implementación de casi 307.000 sistemas en hogares y empresas. No obstante, la disminución de la preocupación por los precios energéticos ha llevado a una ralentización en 2023 y 2024, con una reducción del 27% en la potencia instalada (1.943 MW en 2023 y 1.431 MW en 2024). Esta caída ha implicado alrededor de 100.000 instalaciones menos en comparación con los dos años anteriores.
Por sectores, el mayor impacto se ha sentido en el ámbito residencial, donde la reducción de la capacidad instalada fue del 34,3%, mientras que en la industria fue del 23,4%. Sin embargo, especialistas en el área aseguran que, a pesar de la baja en los precios del mercado eléctrico, el autoconsumo continúa siendo una inversión lucrativa. Con los precios actuales, una familia podría recuperar su inversión en ocho años y medio, mientras que una empresa podría hacerlo en menos de siete años, disfrutando luego de más de veinte años de electricidad sin coste.
Reparto geográfico del autoconsumo
Distribución territorial del autoconsumo
El autoconsumo en España se concentra en tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en conjunto representan casi el 50% de la potencia total instalada en el país. Estas regiones han liderado la adopción de la energía solar fotovoltaica, gracias a su elevado número de horas de sol y a políticas autonómicas que han fomentado la inversión en renovables.